Una de las paradojas que suele darse con frecuencia en el mundo de la tecnología y la innovación es la del comprador-proveedor.
POR SANDRA SINDE*
Sucede que, por una parte, el comprador no se decide a incorporar innovación a la prestación de sus servicios al no tener claras sus opciones de compra o no tener seguridad sobre cumplimiento de plazos y estándares de calidad; y por otra, los proveedores, temen arriesgar su inversión en el desarrollo de nuevos productos o servicios al no evidenciar una demanda clara que pueda rentabilizar dicha inversión.
El mundo ha venido funcionando así y cada uno (compradores y proveedores) con sus recelos, han impedido que se produjese una verdadera comunicación de necesidades y capacidades tecnológicas. ¿Qué pasaría si el comprador es el Estado, cuyas compras representan casi un 20% del PIB en países de América Latina y el Caribe? ¿Qué pasaría si el comprador del sector público comunicase sus necesidades o problemáticas de manera anticipada y los proveedores aportarán posibles ideas de solución que se plasmasen en los términos de referencia de las futuras compras?
Pues que estaríamos implementado lo que se conoce como compra pública de innovación (CPI). La CPI permite a los compradores públicos satisfacer necesidades no cubiertas, mejorar la prestación de servicios a través de una orden de compra de bienes y servicios que aún no existen en el mercado y al mismo tiempo promueve la innovación en las empresas o entidades de investigación que las desarrollarán.
Los países que han dado el paso a la CPI han visto que genera al menos 10 beneficios claros para los agentes implicados en el proceso.
¿Cuáles son los beneficios de la compra pública de innovación para los diferentes actores?
PARA LOS COMPRADORES
1- Permite conseguir ahorrosSi no consideramos aisladamente el costo de la contratación que incluye investigación y desarrollo (I+D) e innovación, y entendemos las compras en términos de “ciclo de vida de producto o servicio”, incluyendo su mantenimiento posterior y gastos de operación, podemos ver que la CPI nos permite conseguir ahorros en la prestación de los servicios públicos.
Un ejemplo concreto es el desarrollo de una plataforma digital (TELEA) por el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) en España que permite hacer un seguimiento, después de un reingreso, a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), dolencia que representa el 6,5% de los ingresos hospitalarios en el país. A través de teleasistencia domiciliaria se solicitan datos de sus constantes (presión, temperatura, peso), se recuerdan autocuidados y se evitan desplazamientos. Esta solución innovadora fue probada con 846 pacientes y ha permitido generar ahorros de 2.635 euros por paciente. De escalarse al total de pacientes aquejados estaríamos hablando de un ahorro total para al sistema de salud gallego de unos 13 millones de euros.
2- Mejora los procesos
El hecho de pensar en términos de problemas y no en soluciones, permite a las entidades públicas compradoras cuestionar de manera constante sus procesos y buscar nuevas maneras de hacer las mismas cosas, poniendo en valor el conocimiento que existe en el interior de las organizaciones. En este sentido, me gustaría citar una frase de Javier Quiles, coordinador de los planes de innovación sanitaria “H2050” y “Innova Saúde” en Galicia (en los que se enmarca el ejemplo anterior de la plataforma TELEA):
La CPI nos ha permitido entender que a partir de nuestros problemas es posible capturar el talento y convertirlo en soluciones al servicio del ciudadano.
PARA LOS PROMOTORES DE INNOVACIÓN
3- Tiene un mayor impacto frente otros instrumentos
La CPI es un instrumento que clasifica dentro de las políticas de fomento de la innovación desde la demanda, las cuales según diferentes estudios tienen un mayor impacto que aquellas políticas de innovación que se enfocan en la oferta, incluso hasta 10 veces mayor en algunos casos. Además, el esfuerzo privado inversor se duplica frente al que se consigue vía subsidios públicos a la innovación en las empresas.
4- Promueve la innovación abierta
El introducir prácticas sistemáticas de identificación de retos en las entidades públicas compradoras y generar mecanismos para consultar al mercado sobre posibles soluciones, promueve de manera clara la innovación abierta. Existen ya ejemplos inspiradores en América Latina. En Colombia, Ruta N, la agencia de innovación de Medellín ha puesto en marcha un Laboratorio de innovación en gobierno que busca identificar retos de 10 secretarías de la Alcaldía de Medellín y compartirlos con posibles solucionadores para llegar a la realización de prototipos a través de CPI.
En México, la Secretaria de Economía (SE) del Gobierno Federal lanzó un proceso de consulta al mercado dentro de un proyecto piloto de CPI en el ámbito de tecnologías de la información en el que participaron la propia SE, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibiendo un total de 30 ideas de las cuales el 51% se consideraron interesantes y pertinentes para los retos identificados.
5- Facilita la internacionalización y el logro de más innovación
Una de las preocupaciones de los promotores de innovación es la internacionalización de tecnología y el crecimiento de las exportaciones de empresas de alto valor añadido. En los procesos de CPI los derechos de propiedad industrial se ceden a los proveedores en todo o en parte, permitiéndoles así poder internacionalizar los productos o servicios desarrollados, al tiempo que se vuelve más fácil producir innovaciones adicionales. En el caso de los Planes H2050- Innova Saúde del Servicio Gallego de Salud, el 75% de las empresas adjudicatarias de las contrataciones de CPI manifestó que la CPI facilitó su internacionalización, el 46% declaró que generó nuevos empleos y el 27% que obtuvo innovaciones adicionales. A nivel general, un estudio de la Universidad de Manchester constata que alrededor del 30% de las empresas adjudicatarias de contratos CPI inicia o incrementa sus ventas internacionales.
PARA LAS EMPRESAS PROVEEDORAS
6- Referencia abre puertas
Para una empresa, más aún si es pyme o startup, contar con un cliente que la pueda referenciar le abrirá más puertas que cualquier ayuda que pueda recibir, sobre todo tratándose de un cliente público. En este sentido las empresas que han participado en procesos de CPI gritan a las entidades públicas: “¡No me subvencione, cómpreme!”. En palabras de Martín Gómez, director de la empresa Bahia Software, adjudicataria de 3 contrataciones de CPI en los planes de innovación del Servicio Gallego de Salud (SERGAS):
Sinceramente creo que la CPI es una herramienta muy positiva para pymes especializadas y que asuman el riesgo. Es un proceso demasiado enriquecedor como para perdérselo por los miedos. Puedo decir en este sentido, que soy un convencido de la CPI, ya que a las pymes nos brinda la oportunidad de complementar nuestros servicios con una cartera más amplia de productos innovadores.
7- Aporta entorno real y permite co-creación
Las empresas o universidades que participan en procesos de CPI contarán con escenarios de prueba reales (hospitales, sistemas de transporte, colegios, etc.) para realizar sus pruebas y testeos. Esto es de enorme valor, no sólo por el disponer de un entorno de prueba real, sino por contar con el conocimiento del personal técnico de las entidades públicas en la co-creación de la solución.
8- Comparte riesgos y beneficios
Las empresas ven a las entidades que lanzan un proceso de CPI como un socio con el que compartir riesgos y beneficios. El hecho de contar con este aliado hace que se impliquen más en aportar recursos propios para los desarrollos de I+D e innovación. Siguiendo con el caso del Servicio Gallego de Salud, la implicación del tejido empresarial en este proceso de co-creación de soluciones innovadoras benefició de forma directa e indirecta 146 empresas, siendo un 85 % pymes.
PARA LOS TOMADORES DE DECISIÓN PÚBLICOS
9- Mejora la prestación de servicios a los ciudadanos
A través del desarrollo de la CPI, las autoridades públicas conseguirán ofrecer a sus ciudadanos mejores servicios, alcanzando así una mayor satisfacción por parte de los usuarios. En Bélgica, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gante redujo en un 85% las emisiones de hollín a través del desarrollo de filtros de emisiones de carbono para los autobuses de transporte público.
10- Desarrolla la cultura de innovación en las entidades públicas
El introducir la CPI como una práctica sistemática dentro de las entidades públicas impacta en el desarrollo de una cultura de innovación y generación de herramientas de gestión de innovación: metodologías de ideación y levantamiento de retos, o ejercicios vigilancia tecnológica para determinar si estamos ante un reto realmente innovador. Todos estos elementos contribuyen a que las entidades públicas se vuelvan organizaciones innovadoras al servicio de los ciudadanos. Los ambiciosos planes de cambio en el modelo asistencial en el Servicio Gallego de Salud le han permitido optar a los siguientes reconocimientos: primer puesto en los premios españoles de innovación y diseño en la categoría de CPI otorgado por el Ministerio de Economía en 2014, así como el segundo puesto y mención honorífica en el premio europeo “Procurement of Innovation” en 2015 y 2016.
Queda en evidencia que la implementación de la CPI ofrece, de manera simultánea, beneficios para los cuatro agentes implicados.
La vivencia de casos reales de CPI y el contacto estrecho con compradores, proveedores, promotores de innovación y tomadores de decisión en diferentes países, me ha confirmado más aún las bondades de esta herramienta y la posibilidad de plantear un modelo que fomenta el esquema “ganar-ganar” entre sector público y sector privado, en el cual las empresas dejan de diseñar para el sector público y pasan a diseñar con el sector público.
Algunos países de América Latina se están animando a iniciar esta aventura y pasar a la acción. Implementar procesos de CPI requiere de aprendizaje y desarrollo de capacidades, pero vemos que se trata de una oportunidad irresistible, ya que todos ganan.
* Sandra Sinde dirige actualmente el área de Compra Pública de Innovación (CPI) e Innovación Abierta en IDOM Consulting. Ha apoyado el diseño de políticas públicas de CPI (México y Colombia), así como la difusión, capacitación e implementación de procesos de CPI a nivel internacional, asesorando a más de 15 entidades públicas en más de 40 contrataciones en diferentes sectores (salud, TIC, transporte, energía, agro). Se ha desempeñado como asesora para un gobierno autonómico español y otros organismos dependientes en el ámbito del diseño, gestión, contratación y evaluación de proyectos de nuevas tecnologías. En el sector privado ha desarrollado proyectos de estrategias regionales, innovación y mejora de competitividad. Sandra es licenciada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con especialidad en Economía Internacional. Cuenta con un magister de Derecho Internacional de Internet y cursos en gestión de I+D+i. Desde el 2012 se ha especializado en CPI y en procesos de cambio organizacional y cultural.
Tomado de: https://blogs.iadb.org
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