La compra pública de innovación es un mecanismo por el cual el Estado licita la contratación de un producto o servicio que tiene características específicas, que no existe en el mercado y que requiere desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Por: María José Ospina y Diego Moñux *
En un reciente artículo en este Blog se exponían 5 razones para impulsar la compra pública de innovación (CPI), así como la importancia de desarrollar capacidades para implementarla. Pero a pesar de lo prometedora que parece ser la CPI como instrumento de política pública para estimular la innovación y ofrecer soluciones a desafíos de distintos sectores, su limitada difusión, incluso entre los países líderes en el tema, pareciera mostrar lo contrario.
Hay varios factores inciden en el éxito de los proyectos de CPI; por ejemplo, las capacidades adicionales que se requieren en compradores y proveedores, aspectos específicos relacionados con el marco normativo, entre otros. Sin embargo, los mitos que existen alrededor de la CPI constituyen una barrera importantísima para que esta política sea más extendida.
Tres mitos, particularmente, hacen bastante daño a la imagen de la CPI como una política alcanzable y potencialmente beneficiosa.
Mito 1: Sólo sirve para resolver problemas de alta complejidad tecnológica y de gran impacto
Aunque es cierto que en sus orígenes la compra pública de innovación (CPI) se enfocaba en desafíos de complejidad tecnológica, como poner un hombre en la Luna, lo cierto es que en la última década cada vez más entidades públicas han utilizado la CPI para solucionar problemas del día a día y han obtenido soluciones de impacto sobre la calidad del servicio público que prestan. Tres casos muestran esto:
Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Ghent en Bélgica decidió hacer una CPI para atender uno de los servicios básicos que provee: la limpieza de 340 edificios del municipio. El objetivo era la adquisición de productos de aseo que tuvieran menos efectos nocivos en la salud de los 450 empleados que realizaban esta tarea. Para esto, se apoyó diferentes pilotos de soluciones que ofrecían esta característica y que, a la vez, tuviesen menores costos a lo largo del ciclo de vida del producto, así como un menor impacto ambiental. Basándose en los resultados de los pilotos, el gobierno optó por adquirir un conjunto de productos probióticos. Como lecciones aprendidas de los pilotos, se identificaron además especificaciones técnicas de los productos que favorecían la contratación de personas con discapacidad.
Asimismo, el Hospital Público del condado de Rawicz en Polonia, con una población objetivo de tan solo 69.000 pacientes, ha atravesado una serie reformas en la última década para cumplir con nuevos estándares de ahorro de energía de la Unión Europea. El hospital tuvo resultados mixtos recurriendo a soluciones disponibles en el mercado. Por ello, antes de llevar a cabo un proyecto de CPI de gran alcance para cumplir con estos estándares, y consciente de que la CPI tiene una curva de aprendizaje, el gerente del hospital decidió en 2015 hacer un piloto con una necesidad básica que identificó en consultas al personal: los uniformes. Mediante consultas con potenciales proveedores, lograron establecer especificaciones basadas en el desempeño, así como en el costeo del ciclo de vida completo. Después de que tres compañías probaran sus productos en el entorno real se adquirieron los uniformes de un proveedor que ofreció una tela que era resistente, se secaba rápido, era anti manchas y tenía altos índices de calidad y funcionalidad. Aunque el precio unitario fue mayor, la compra se tradujo en un ahorro total del 20%.
Mito 2: Siempre sale más cara
Es claro que en casos en los que se quiere mejorar el servicio, o incluso prestar nuevos servicios, la compra pública de innovación (CPI) puede resultar más cara en comparación con lo que ya existe en el mercado. Pero esta no es la regla de decisión adecuada. Un elemento clave es considerar el costo total del ciclo de vida del producto: aunque los productos pueden tener un precio unitario mayor que la mejor alternativa disponible, en el mediano y largo plazo tienen un costo total y un impacto menor sobre el presupuesto.
En algunos casos, inclusive, la CPI puede ser una herramienta para afrontar recortes presupuestarios, al lograr mantener un mismo nivel de servicio, pero reorganizando la prestación del mismo, con base en la innovación, para hacerlo más costo efectivo.
Por ejemplo, en Dún Laoghaire–Rathdown, noreste de Dublín, después de la crisis entre 2009 y 2014, el presupuesto distrital fue reducido en un 25% y el personal se recortó en un 17%. Enfrentaron la necesidad de mantener los niveles de servicio en las nuevas condiciones. Una de las áreas identificadas como prioritaria (por el impacto de la reducción del personal) fue la de gestión de residuos.
Después de una consulta abierta al mercado para obtener ideas, decidieron abrir una licitación para cubos inteligentes de basura que redujeran los recursos invertidos en la logística de recolección. Se adquirieron 401 cubos de basura inteligentes basados en energía solar, con software integrado y control de mando central, que reemplazaron los 500 existentes. Su tecnología permitió identificar en tiempo real cuáles estaban llegando a su capacidad máxima, pudiendo optimizar las rutas de recolección. Con este sistema, aumentó la capacidad total de procesamiento y el porcentaje de contenedores recolectados en un día se redujo en un 85%. Leer más. En un año se redujeron los costos de vehículos de recolección en un 75% y del personal en un 60%, dando además un mejor servicio a un costo menor.
En otros casos, la innovación permite reducir los costos al permitir nuevas estructuras de prestación del servicio que superan antiguas barreras administrativas.
Este es el caso de tres administraciones regionales alrededor del río Rin en Alemania que abrieron un proceso de CPI conjunta para mejorar la eficiencia en los servicios de asistencia de emergencia. El proceso concluyó con la adquisición conjunta de cuatro botes equipados para combatir incendios forestales y hacer misiones de rescate, entre otros. Estos botes se ubican a lo largo del río Rin y por su velocidad de desplazamiento proveen una cobertura óptima para estas regiones, que antes tenían costos mayores por la necesidad de mantener flotas independientes, más grandes, de operación terrestre y aérea.
Por último, en algunos casos, la CPI permite también utilizar recursos que antes se estaban desperdiciando, incluso redireccionándolos hacia otros servicios públicos.
Por ejemplo, en la ciudad de Bochum en Alemania, los túneles de las antiguas minas de carbón se inundaban regularmente con aguas subterráneas, que tenían que ser bombeadas para no poner en riesgo otros túneles activos. Estas aguas se calientan entre 20ºC y 30ºC. Buscando darle un uso productivo a estas aguas se abrió un diálogo con el mercado en donde se identificó su potencial uso para climatizar otras instalaciones públicas colindantes. Se abrió una licitación y la compañía ganadora desarrolló un sistema de intercambio de calor que ahora funciona para climatizar dos colegios y una estación de bomberos cerca de las antiguas minas.
Mito 3: Solo es viable en entornos con sectores tecnológicos maduros
La CPI exige capacidad de respuesta por parte de los proveedores, algo que no siempre está disponible localmente. Este aspecto, que es en principio un obstáculo, puede revertirse. De hecho, es posible utilizar la CPI para atraer inversiones o consolidar un tejido de base tecnológica emergente. Estos ejemplos de España dan cuenta de ello:
Buscando diversificar su tejido industrial, y partiendo de activos en el terreno aeronáutico, el gobierno de la región de Galicia hizo una apuesta por los aviones no tripulados, movilizando más de 50 millones de dólares, para atraer —mediante una gran CPI precomercial— a grandes empresas internacionales del sector para desarrollar tecnologías de drones de uso civil. Estos podrán tener uso, más adelante, en diversas aplicaciones de interés para el gobierno, la detección de incendios y emergencias, la gestión del territorio y los recursos marinos.
Las tecnologías del lenguaje, que ofrecen resultados prometedores en terrenos que van desde la gestión de historias clínicas hasta las sentencias judiciales, todavía necesitan un importante recorrido de I+D para llegar al mercado. Con el objetivo de apoyar el tejido español en este subsector, y de acercarlo los primeros compradores públicos, la Secretaria de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital está apostando por la CPI dentro del plan nacional de impulso a las tecnologías del lenguaje.
La compra pública de innovación (CPI) está ganando peso en la agenda internacional y generando un creciente interés en América Latina y el Caribe (ALC). Aunque persisten dudas lógicas ante un instrumento nuevo y complejo, las experiencias que mencionamos muestran que es posible diseñar políticas de CPI que sean efectivas en los países de ALC, pese a que sus sistemas de innovación sean menos sofisticados que los de los pioneros en estas prácticas.
En primer lugar, las iniciativas de CPI en la región pueden comenzar focalizándose en retos tecnológicos de complejidad moderada, para minimizar los riesgos. En segundo lugar, es posible atraer el interés de instituciones compradoras —que sin duda se verán envueltas en procesos nuevos y complejos— mediante la promesa de la reducción de costos a largo plazo. Y, por último, la CPI puede usarse para crear nuevo tejido de base tecnológica e incluso atraer inversiones de empresas foráneas. En conclusión, contamos con las evidencias y los argumentos para impulsar un instrumento que cada vez más está llamado a tener un papel transformador en la región.
*María José Ospina es consultora senior en Science & Innovation Link Offfice, S.L., donde se ha especializado en el asesoramiento a gobiernos nacionales latinoamericanos y gobiernos regionales de España en políticas de innovación desde la demanda. Anteriormente trabajó en el gobierno colombiano en el diseño y ejecución de políticas en defensa y seguridad, en salud y rehabilitación y en temas de ciencia, tecnología e innovación, siendo asesora senior de la directora de COLCIENCIAS. Es historiadora y economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Economía y Políticas de la Salud por la Barcelona Graduate School of Economics.
*Diego Moñux es Socio-Director y fundador de Science & Innovation Link Office, S.L., donde dirige proyectos de consultoría sobre políticas públicas de I+D+i, transferencia de tecnología y apoyo al emprendimiento, siendo responsable de las actividades de la firma en América Latina. Ha sido asesor del secretario de Estado de Universidades e Investigación y director adjunto del Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, así como director de relaciones externas del centro tecnológico CARTIF. Ingeniero Industrial por la Universidad de Valladolid y Máster en Economía y Gestión de la Innovación por la Politécnica de Madrid. Estudió política de I+D en las Universidades de Mánchester y de Harvard, y gestión pública en el IESE.
Tomado de: https://blogs.iadb.org
