La semana pasada me reuní con una startup innovadora que me dijo que, si bien los diferentes mecanismos de apoyo a la innovación tales como subsidios o créditos blandos son importantes para desarrollar un nuevo producto, lo que realmente hizo la diferencia fue cuando recibió la primera orden de compra importante de su producto.
POR GUSTAVO CRESPI*
A partir de ese momento se generaron una serie de eventos virtuosos que fueron eliminando casi naturalmente muchas de las barreras para innovar que antes enfrentaban. Por ejemplo, inversionistas de riesgo aparecieron mostrando un creciente interés para invertir en la empresa y jóvenes talentosos empezaron a enviar sus CV buscando sumarse a la firma. “Esta orden de compra cambió mi vida y la vida de mi empresa”, me decía literalmente el fundador.
Esta experiencia me llevó a reflexionar si en realidad buena parte de los problemas que inhiben la innovación están relacionados solamente a la existencia de mercado y demanda por el nuevo producto. Puede existir mercado y demanda, pero usualmente nadie quiere ser el primero en comprar a una empresa con un producto innovador y sin compradores previos. Como en el ejemplo, la primera venta puede constituir una prueba de que el mercado valida el producto. Y aquí el rol del Estado podría jugar un papel importante.
Compras públicas e innovación
En cualquier país un componente importante de la demanda es el sector público (la compra de bienes y servicios por parte del Estado suele explicar entre un 10% a 15% del PIB), por ello muchos responsables de políticas están interesados en el potencial de las compras públicas como disparador de una mayor inversión privada en innovación. Y aparentemente están en lo cierto, dada la evidencia contundente que va surgiendo acerca de los efectos de las compras públicas sobre la innovación. Pero antes de hablar de la evidencia, entendamos mejor de qué se trata.
En una definición amplia, las compras públicas innovadoras (CPI) consisten un procedimiento administrativo de contratación, por el cual el comprador público puede licitar la contratación de un producto o servicio: (a) por sus especificidades funcionales; (b) que no existen en el mercado y (c) para lo cual es necesario desarrollar actividades de I+D+i. Varios países desarrollados han desplegado una serie de reformas orientadas a potenciar el efecto de las compras públicas sobre la innovación. Estos cambios van desde reformas regulatorias que hacen a los sistemas de compras más propensos a la adquisición de innovación hasta intervenciones explícitas de mercado tales como establecer reservas de mercado, dar márgenes de preferencia para productos innovadores u otorgar subsidios para el desarrollo de productos innovadores para el sector público.
¿Qué nos dice la evidencia? 5 razones para impulsar las compras públicas innovadoras
1- Estimulan la inversión privada en I+D
La OECD ha encontrado que la probabilidad de inversión en investigación y desarrollo (I+D) se dobla en empresas que son adjudicatarias de contratos de compras públicas innovadoras (CPI) (1). Asimismo, un estudio realizado en un grupo de países desarrollados que hace uso activo de CPI, refiere que las compras públicas son una herramienta más efectiva que los programas de subsidios a la I+D, en cuanto a la probabilidad de invertir en I+D por parte de las empresas. No obstante, se indica que estos subsidios son efectivos cuando están combinados con compras públicas (2).
2- Favorecen la innovación de producto
La CPI tiene efectos positivos sobre las innovaciones de productos. Según encuestas recientes, el 67% de los proveedores innovadores que licitan o son proveedores del sector público han tenido algún impacto en su actividad de innovación, mientras que el 25% de las organizaciones innovadoras afirmaron que todas sus innovaciones han sido el resultado de la contratación pública (3).
3- Pueden ser más efectivos que otros instrumentos
Estudios en Alemania compararon los efectos sobre la innovación empresarial de cuatro categorías de instrumentos de apoyo: compra pública, regulación, financiación de infraestructura de I+D (que se traduce en spillovers de universidades y centros de I+D) y financiación directa a proyectos de I+D. Los resultados indican que el efecto de las compras públicas sobre la probabilidad de innovar exitosamente es positivo, de manera similar al de los spillovers de universidades y centros de I+D. No obstante, también se encuentra que las compras públicas son especialmente efectivas sobre la probabilidad de éxito de la innovación en empresas pequeñas que operan en regiones con economías deprimidas, y aún más para el sector de distribución y el tecnológico (4).
4- Empresas atraen capital de riesgo y crecen más
En los Estados Unidos se ha encontrado que los beneficiarios del programa Small Business Innovation Research (SBIR) invierten en innovación, atraen capital de riesgo y crecen más que empresas similares de control (5). El SBIR es un programa de compra pública innovadora pre-comercial, por cuanto está diseñado para que las empresas provean soluciones en forma de prototipos a desafíos presentados por agencias del gobierno federal.
5- Impacta la eficiencia de servicios públicos
Algunos estudios también muestran que el estímulo a la innovación empresarial mediante la compra pública puede terminar también impactando en la eficiencia y la efectividad de los servicios públicos. Un ejemplo de esto es el Reino Unido, donde el gobierno usó el poder de compra de las cárceles para desarrollar colchones a partir de nuevos materiales que, al ser reciclables, permitieron reducir significativamente los costos de la disposición de residuos del servicio. De la misma manera un consorcio de municipios en Suecia utilizó su poder de compra para estimular el desarrollo de refrigeradores eficientes, lo que se tradujo en una reducción significativa del costo de la electricidad de las viviendas sociales administradas por estas municipalidades.
El desarrollo de capacidades, clave para implementarla región
Los resultados de programas de compra pública innovadora (CPI) dejan claro que más allá de lo específico de cada intervención, un elemento central son las capacidades –tanto de las empresas como del Estado– para hacer un uso efectivo de la CPI. En efecto, para que esta tenga un impacto en la innovación, primero el Estado tiene que convertirse en un comprador inteligente, lo que requiere adquirir suficientes capacidades de vigilancia tecnológica, planeación de demanda y coordinación entre las líneas técnicas de cada ministerio o agencia y su respectivo responsable de adquisiciones. Estas capacidades no se generan en forma espontánea, sino que deben estimularse mediante el aprendizaje.
De la misma manera, las capacidades de las empresas son también críticas. Muchas veces, las licitaciones de compras públicas de innovación fracasan no porque el diseño sea incorrecto sino por falta de capacidades en los posibles oferentes para abordar los desafíos; la vara les queda demasiado alta. Por lo mismo, una política exitosa en este ámbito puede requerir combinar la CPI con plataformas de desarrollo de proveedores, extensión tecnológica y certificación, que ayuden a las empresas a acumular estas capacidades.
El uso de la compra pública para estimular la innovación no debe quedarse en el mundo desarrollado, sino que es relevante y tiene un alto potencial en América Latina y el Caribe. Pero en nuestra región en particular, el desarrollo de capacidades es un elemento crítico que no debe ser pasado por alto.
* Gustavo Crespi es Especialista Principal en la División de Competitividad e Innovación en el BID, donde coordina la agenda de investigación. Sus áreas de interés incluyen: Evolución Industrial, Cambio Tecnológico, Estructura Industrial y Desarrollo de la Firma y Gestión y Evaluación de Política Tecnológica, especialmente en los países en desarrollo. Ha escrito y publicado numerosos artículos en las revistas más prestigiosas en las áreas mencionadas. Además es miembro del Consejo Editorial de varias publicaciones. Crespi posee un PhD en Estudios de Política de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex (SPRU), una Maestría en Desarrollo Económico y Comercio Internacional de la Universidad de Chile, y una Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Tomado de: https://blogs.iadb.org/
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